22/10/2026
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles por 162 votos afirmativos, 77 votos negativos y 1 abstencion el proyecto de ley que agrava las penas por delitos de vandalismo rural.
Se trata de una iniciativa impulsada desde el PRO, con aval explícito del campo -fundamentalmente, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)– que penaliza el ingreso no autorizado a establecimientos rurales y agrava los daños a la producción agropecuaria.
Según un resumen elaborado por la Fundación Barbechando, además de los legisladores del PRO, el apoyo llegó por parte de los representantes de La Libertad Avanza (LLA), parte de Unión por la Patria bloques provinciales.
Ahora, será el turno de que el Senado transforme este proyecto definitivamente en ley, algo que se espera tenga también un rápido aval.
¿QUÉ CAMBIA PARA EL VANDALISMO RURAL?
La clave para entender por qué desde el campo se empujaba con fuerza este debate tiene que ver con que, con la normativa actual, los delitos rurales tenían en algunos casos tipificación de contravención o penas muy bajas para los daños que podían provocar.
Por ejemplo, una silobolsa que puede almacenar 200 toneladas de granos tiene un valor millonario que se puede arruinar con solo un tajo, y tiene hoy la misma pena que hacerle un rayón a un auto. Lo mismo sucede con la rotura de equipos de riego o la inutilización de bombas de agua.
“Detrás de cada uno de estos delitos hay algo más que un bien material dañado: puede haber una cosecha comprometida, una inversión perdida y el trabajo de muchos años”, resumió Barbechando.
A partir de este contexto, lo que propone el proyecto que logró media sanción de Diputados es:
-Art. 150 bis: convierte en delito entrar sin permiso a un establecimiento rural cercado o señalizado, con penas de prisión de uno a doce meses. En caso de que la intrusión obstaculice el normal desarrollo de actividad productiva, la pena se agrava a dos años. La simple presencia de alambrados, cerramientos, vallas o señales indican la prohibición de ingreso.
-Art. 184 bis: crea una figura específica para el daño a la producción y a la infraestructura agropecuaria y propone penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y doce veces el valor del daño para quienes destruyan, inutilicen o dañen bienes que afecten directamente la producción agropecuaria.
Entre los elementos alcanzados se encuentran cultivos, granos almacenados, hacienda, forrajes, productos en transporte e infraestructura vinculada con la actividad, como silos, alambrados, tranqueras, sistemas de riego, bombas de agua, paneles solares y reservas hídricas.
En este contexto, desde Barbechando remarcaron también que el apoyo a la iniciativa fue casi unánime: legisladores de todos los espacios políticos y a su vez miembros del Espacio Legislativo del Agro dieron su pleno apoyo a la iniciativa y reconocieron que es un tema clave para la producción agropecuaria.
Asimismo, destacaron las instancias de consenso para lograr un texto con el apoyo de buena parte de la oposición, con el afan de clarificar la ley e incluso incorporar algunos agravantes.
EL AGRO BUSCA RESPUESTAS EN EL CONGRESO
El vandalismo rural se inscribe así en una discusión más amplia sobre las condiciones necesarias para desarrollar la actividad agroindustrial en todo el país.
La seguridad de las personas, la protección de las inversiones y la posibilidad de trabajar sin que hechos de esta naturaleza comprometan la producción forman parte de las preocupaciones del sector.
Por este motivo, para Barbechando “el tratamiento tiene una relevancia que va más allá de su contenido específico. Es una oportunidad para que el Congreso avance sobre una problemática propia del agro, a través de una propuesta legislativa concreta”.
“En una agenda parlamentaria atravesada por debates de alcance general, que una iniciativa vinculada directamente con la actividad productiva llegue al recinto constituye un paso significativo”, agregó la Fundación.
También consideró que esto pone de manifiesto la importancia del diálogo sostenido entre la política y quienes producen.
“Desde Barbechando celebramos la posibilidad de que las necesidades del interior productivo se conviertan en proyectos y lleguen a discutirse en el ámbito legislativo”, cerró.
Entre las entidades rurales, la que manifestó su alegría ante esta noticia fue la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP)
Fuente: Infocampo